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Ley de cuotas en Uruguay

UN PASO MÁS. Gran impacto de las mujeres organizadas

Mujeres en acción

Luego de tres sesiones ayer el Senado uruguayo dio media sanción al proyecto de ley de cuotas.

El proceso por el que transitó el debate parlamentario las últimas semanas y el desenlace alcanzado en el día de ayer fue expresión de un trabajo conjunto y coordinado entre mujeres parlamentarias, mujeres de la academia y mujeres de las organizaciones sociales del país.

Quedó claro, las mujeres organizadas son, indiscutiblemente, un actor en la escena política, y desde hace tiempo vienen reclamando cambios que cada vez cuentan con mayor apoyo de la población; por lo menos por todos aquellos que se sienten involucrados en la defensa de la justicia y la igualdad.

La demanda de las mujeres en relación con la representación política tiene larga data en el movimiento feminista del país. Sin embargo, de un tiempo a esta parte el reclamo se ha intensificado. Muestra de ello es el cónclave que se realizó el febrero pasado entre mujeres del parlamento nacional, de los partidos políticos, de la institucionalidad de género a nivel nacional y departamental, y de representantes de las organizaciones de mujeres representadas en la Coordinación General de CNS. Este encuentro dio origen a un documento que entre, otras cosas, se fija como compromiso el objetivo de "lograr la paridad en la representación de mujeres y varones en cargos de decisión política, como expresión de la igualdad de derechos y responsabilidades en la conducción del país y en la construcción de su destino".

En la mira

El proyecto que finalmente fue aprobado en el día de ayer establece la cuotificación para las elecciones internas de los partidos políticos (convencionales nacionales y departamentales) así como las elecciones de sus órganos de dirección. Esta disposición regiría desde el año 2009 y sin límite temporal. En tanto, la cuota a las elecciones nacionales y departamentales regirá a partir de las elecciones de 2014 y 2015 respectivamente, y únicamente por esa vez, con la salvedad de que la legislatura de 2015-2020 evaluará la efectividad de la medida pudiendo ser reconsiderada.

El debate fue largo y muchas veces ofensivo y agraviante, se cuestionó la capacidad de la mujeres y en más de una oportunidad de sacó a relucir el rol "doméstico" del sexo femenino. Sin duda no es la Ley a la que aspirábamos quienes estamos convencidas de que la profundización de la democracia y el avance hacia una sociedad sustentada en el respeto pleno de los derechos humanos, pasa necesariamente por garantizar la igualdad de oportunidades para mujeres y varones. Pero ha sido un paso, y sin duda una clara muestra de que las mujeres queremos y podemos ir a más.

Además, la aprobación de esta ley no exonera a los partidos políticos a no garantizar mejores condiciones para que las mujeres podamos estar mejor representadas. Mayor responsabilidad tienen aquellos que contando con las herramientas para gestar los cambios no asumen el compromiso de ello. La opinión pública ya ha llegado a un acuerdo y eso quedó claro en las semanas en las que el deabte estuvo en la agenda de la prensa y en el boca a boca de uruguayas y uruguayos.

Uruguay en el mundo

Este es el octavo proyecto de ley de cuotas que se presenta en el Parlamento uruguayo desde 1988 hasta ahora y el segundo que llega a discutirse en Cámara. Si a comienzos del siglo XX Uruguay fue considerado un país de “excepción” en la región por lo adelantado de su legislación, hoy puede decirse lo mismo pero por razones inversas.

En 1932, Uruguay fue el primer país de América Latina en consagrar la ciudadanía política femenina sin ningún tipo de restricciones. Sin embargo, actualmente es uno de los países del continente con menores tasas de representación femenina parlamentaria (Uruguay está en el lugar 16 de 19 países latinoamericanos) e integra la minoría de países de la región que no utilizan ningún tipo de acción afirmativa para equilibrar la representación de hombres y mujeres en cargos de representación.

La subrepresentación de mujeres es un déficit democrático violatorio de los derechos humanos. Esta exclusión le significa al país no contar con todas sus potencialidades en materia de recursos humanos y se pierden los aportes de la mitad de la población. La política, la academia, los sindicatos, los partidos políticos, las empresas y las organizaciones sociales no pueden darse más el lujo de perder las capacidades que están en más del 50 % de la población. Quizás hasta ahora pudieron hacerlo sin nosotras pero desde hace tiempo las mujeres queremos “la mitad del cielo, la mitad de la tierra y la mitad del poder”. Queremos ir a más porque, entre otras cosas, tenemos ganado el derecho de exigirlo.

Melina Pais
Responsable en Comunicación
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