SECRETO PROFESIONAL BAJO SOSPECHA
Se rompieron los códigos entre médico y paciente. Nota publicada, en La República el 17/05/2007.

Se rompieron los códigos entre médico y paciente: un aborto derivó en cuatro procesamientos.
Un controvertido fallo judicial procesó por "aborto" a una joven de 20 años

El intrincado caso que ocurrió en el hospital Pereira Rossell derivó en un cuestionamiento público acerca de los derechos de la mujer y del secreto que, según los principios éticos, debería existir entre médico y paciente, y propició un profundo debate que dividió a la opinión pública uruguaya.

Una joven de 20 años decidió interrumpir su embarazo por los problemas económicos que atravesaba. Eligió una clínica clandestina en Comercio 2593 entre Asilo y Joanicó, en el barrio La Unión.

Una vez realizado el aborto, la mujer que la atendió, una obstetra retirada, le dijo que tomara antibióticos y que no realizara mucho esfuerzo, algo que fue cumplido a rajatabla por la joven. No obstante, la jovencita comenzó a tener pérdidas de sangre a la vez que presentaba un cuadro de anemia bastante preocupante.

Su familia decidió trasladarla al hospital Pereira Rossell donde recibió los primero auxilios.

Ante la insistencia de los médicos, la joven tuvo que admitir que se había realizado un aborto en una clínica clandestina, pero pidió reserva sobre la identidad de la "abortera".

Un médico, que no pertenece al Pereira Rossell pero que tiene vinculación directa con los galenos que atendieron a la joven, decidió denunciar la existencia de la clínica y la identidad de la mujer que la atendía, una obstreta retirada con muchísimos años de experiencia, que se había retirado de la medicina hacía ya seis años.

Con la denuncia presentada ante la Justicia y la Policía, los efectivos de la Seccional 15 detuvieron a la mujer y a dos enfermeras que la asistían en las intervenciones que realizaba.


Secreto profesional en grave entredicho
La denuncia abrió un gran debate entre los médicos.

El secreto entre el paciente y su doctor es algo que siempre fue visto bajo la perspectiva filosófica de la ética.

La ruptura de este secreto profesional derivó en este caso en el procesamiento de la obstetra, sus dos enfermeras y, lo más cuestionable, con el encarcelamiento de la propia paciente, la joven lesionada por el aborto.

Si bien la Constitución establece que la interrupción de un embarazo es un delito, pocas veces se había procesado a la persona que decidió someter su propia suerte a las manos de personas dedicadas a prácticas abortivas.



La joven confesó "el delito" al juez
Al ser interrogada, la joven procesada admitió haber pagado una cifra superior a los 700 dólares para realizarse la intervención y dijo haber elegido esta clínica entre otras tres por parecer la más seria y la de "mejor presencia".

Ante el magistrado actuante, la joven volvió a admitir que practicó un aborto. La confesión implicó que el juez debiera aplicar la normativa.

También fueron citados a declarar los médicos que atendieron a la joven en el Pereira Rossell, pero se negaron a revelar detalles de todo lo sucedido amparándose, justamente, en el secreto profesional que deben preservar.

Según fuentes policiales consultadas por LA REPUBLICA, se presume que en Montevideo existirían no menos de 50 clínicas clandestinas, sin contabilizar, por supuesto, aquellas personas que realizan abortos rudimentarios sin los más mínimos y elementales controles de sanidad.



Credibilidad bajo riesgo
La denuncia contra la clínica clandestina y el procesamiento de la joven de 20 años puso en alerta a las autoridades del propio Hospital Pereira Rossell, que manifestaron su preocupación acerca de que el hecho pueda provocar miedo entre otras jóvenes que puedan precisar ayuda tras un aborto fallido.

La atención en el Pereira a la mujeres víctimas de lesiones por abortos en clínicas clandestinas se caracterizó, hasta ahora, por la reserva y el sigilo con que los médicos trataban la problemática de cada joven. Incluso es práctica de los policías derivar al Pereira mujeres con igual problema.

La difusión del hecho que una joven fue asistida tras un aborto fallido podría infundir temor en las jóvenes sin recursos que siempre recurren al Pereira Rossell cuando padecen las consecuencias de un aborto practicado en clínicas clandestinas que carecen de cualquier tipo de contralor estatal. *

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