ABORTO: CUANDO LAS LEYES SE ENFRENTAN A LA PRÁCTICA
Cobertura del tema, por Eduardo Delgado, para EL País. 19/05/2007

Aborto: cuando las leyes se enfrentan a la práctica Caso. Un médico informó a Policía y un agente a la Justicia

Eduardo Delgado

El procesamiento sin prisión de una joven por aborto puso en evidencia el desfasaje que hay entre la ley que pena ese delito y su aplicación. Hasta el Ministerio del Interior desmiente que un policía haya denunciado una conducta delictiva.

Según estimaciones que contiene el proyecto de ley de salud sexual y reproductiva que impulsa la mayoría de los senadores del gobierno, por año son 30.000 los abortos realizados en Uruguay.

La polémica y el misterio de cómo llegó la denuncia de uno de estos casos a la Justicia y que derivó en el procesamiento sin prisión de una mujer de 20 años que interrumpió su embarazo y de tres personas que trabajaban en la clínica clandestina donde se lo realizó, demuestran que hay instalado un clima de tolerancia con la práctica de ese delito, para el que ayuda la posición de las autoridades de Salud Pública, la Policía y los jueces.

Autoridades del Hospital Pereira Rossell, donde se atendió la joven por lesiones sufridas al abortar, ratificaron en la pasada jornada que sus médicos no denunciaron a la muchacha a la Policía, y tampoco a ninguna de las mujeres que consultan en ese centro tras abortar. Se amparan en el secreto profesional que rige la relación médico-paciente y en la ordenanza 369 del MSP de 2004, por la cual se debe atender y asesorar a las mujeres antes y después de que se realizan un aborto, manteniendo la confidencialidad de la consulta.

LA ACTUACIÓN POLICIAL. Ayer, El País informó que un funcionario policial que cumplía servicio 222 en el Pereira Rossell fue el que comunicó al Departamento de Orden Público de la Policía que una mujer que abortó concurrió a atenderse a ese hospital. En la misma jornada, el Ministerio del Interior emitió un comunicado en que "hace saber que la denuncia que originó las actuaciones correspondientes no partió de funcionario alguno de esta Secretaría de Estado" y que "los funcionarios policiales que intervinieron en este hecho de público conocimiento, actuaron de acuerdo a sus responsabilidades y obligaciones".

Entre esas responsabilidades está la de denunciar delitos, como lo es el aborto en la legislación uruguaya, si bien la ministra del Interior, Daisy Tourné, es partidaria de legalizar esa práctica.

Fuentes judiciales y policiales consultadas ratificaron que Orden Público fue informado del caso por la guardia policial del Pereira Rossell y después de ello fue que empezó su investigación y la comunicó al juez penal Luis Charles, que habilitó la vigilancia y posterior allanamiento de la clínica clandestina en la Unión.

TRASLADO DESDE SOCA. Tras abortar, la muchacha fue a la casa de una amiga en Soca (Canelones), donde comenzó a tener fiebre y hemorragia. Entonces concurrió a una policlínica de Soca, donde un médico constató que sufría lesiones como consecuencia de abortar, dispuso su traslado y comunicó el hecho a la seccional del lugar.

Posteriormente, esa seccional se contactó con el servicio de vigilancia del Pereira Rossell, el que indagó a la joven en el hospital y, cuando supo que el aborto fue realizado en Montevideo, lo denunció a Orden Público, que a su vez lo comunicó a la Justicia. La llamada del guardia del Pereira Rossell fue el inicio del expediente judicial.

Secreto médico para personal de salud

Aproximadamente 50 mujeres consultan semanalmente en el servicio de asesoramiento contra el aborto provocado en condiciones de riesgo del Hospital Pereira Rossell. Un 25% de esas mujeres no vuelve a consultar y de las que regresan, el 85% interrumpió el embarazo, informó a El País Leonel Briozzo, coordinador de ese servicio y presidente del Consejo Arbitral del Sindicato Médico.

Cristina Grela, directora del Programa Nacional de Salud de la Mujer y Género del MSP dijo que el secreto profesional es fundamentalmente para los médicos y también para el resto del personal de salud que interviene en la atención de un caso, pero que "eso no implica que otras personas denuncien, como un familiar o un funcionario de salud pública".

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